Jenni Hernandez asiste a la Universidad Estatal de Sacramento, ubicada en una ciudad santuario en un estado santuario, y en un campus que acoge a los inmigrantes. Pero debido a que vive en el país sin autorización, el temor intenso que siente ahora la transporta a cuando tenía 7 años y se enteró por primera vez de que sus padres podrían ser deportados en cualquier momento.
Traducción de César Segovia
“Mientras que algunos de mis compañeros tenían pesadillas de monstruos debajo de sus camas o cosas así, yo tenía un temor real a que un día mis padres simplemente no iban a estar y nunca iba a saber qué había pasado”, dijo Hernandez. Ahora, dijo, ante la promesa del presidente Donald Trump de llevar a cabo una deportación masiva, “ese temor ha vuelto”.
Hernandez, de 23 años, tenía un año de nacida cuando sus padres la llevaron a California, donde creció en el área de la bahía de San Francisco. Después de terminar la escuela secundaria, encontró recursos estatales que la ayudaron a pagar la matrícula universitaria. No tiene autorización para trabajar legalmente pero participa en un programa que le permite adquirir experiencia como voluntaria y le paga un estipendio. Como asistente de posgrado en la Universidad Estatal de California, Sacramento, está cursando una maestría en liderazgo en educación superior
Pero, dijo, “No me siento segura en ningún lado en estos momentos”.
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Hernandez es una de los que se estima son 100,000 estudiantes universitarios indocumentados en California —la mayor cantidad de cualquier estado del país— que enfrentan un futuro particularmente incierto a medida que avanzan en sus estudios de educación superior y se preparan para trabajar. Líderes universitarios y activistas que abogan por los estudiantes indocumentados están evaluando qué protecciones pueden ofrecer las instituciones.
Algunos estudiantes, dicen los activistas, están luchando con una pregunta aún más existencial: ¿Deben permanecer en la universidad?
“Creo que sí pone en duda la idea de seguir la educación superior, exponerte después de las elecciones, si eso te va a poner en peligro a ti o tus familiares”, dijo Madeleine Villanueva, directora de educación superior en la organización sin fines de lucro Immigrants Rising con sede en California.
Muchos de los estudiantes universitarios indocumentados de la actualidad —se calcula que hay 408.000 a nivel nacional— no son elegibles para protección legal alguna. Debían tener al menos 15 años de edad para solicitar protección de la deportación y un permiso de trabajo mediante el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés.) Pero para cuando tenían suficiente edad para solicitar, el programa ya estaba siendo cuestionado en las cortes. No ha aceptado solicitantes nuevos desde 2021.
Trump hace poco se retractó de algunos de sus comentarios anteriores, afirmando que trabajaría en un plan para permitirles a los Dreamers —personas como Hernandez, que fueron traídas a los Estados Unidos siendo niños y que crecieron aquí— que se queden. En la misma entrevista, abordó el tema de las familias de estatus migratorio mixto —en las que algunos miembros tienen documentación legal y otros no. “No quiero separar familias, así que la única manera de no separarlas es mantenerlas juntas, y hay que mandar de regreso a todos”, dijo Trump.
La incertidumbre no hace más que aumentar los temores de los estudiantes.
“Las amenazas son reales y da la impresión de que son reforzadas a diario”, dijo Paulette Granberry Russell, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Diversidad en la Educación Superior.
“A los estudiantes les va a preocupar poder o no continuar sus estudios, y si sus familias estarán a salvo. Hay una cultura de temor … y eso no lo podemos ignorar”.
Poco después de las elecciones, los líderes de la Universidad de California, la Universidad Estatal de California y las Universidades Comunitarias de California emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron que “permanecen firmes y comprometidos con nuestros valores de diversidad e inclusión”.
“Tras los resultados de las elecciones presidenciales, entendemos que hay mucha incertidumbre y ansiedad dentro de la comunidad de educación superior de California”, dijeron en el comunicado. “Nos enorgullece darle la bienvenida a estudiantes, facultad y personal de todos los orígenes, experiencias y perspectivas, y seguiremos apoyando y protegiendo a todos los miembros de nuestras comunidades”.
Bajo el Presidente Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorándum designando ciertas “áreas protegidas” donde no se deben aplicar las leyes de inmigración, y que incluyen universidades, centros de salud, centros de servicios sociales e iglesias. Funcionarios de la nueva administración Trump anunciaron que se ha desechado esta regla y agentes de inmigración pueden realizar operativos cuando lo consideren necesario.
Los estudiantes indocumentados en California son elegibles para matrícula estatal y ayuda financiera, y muchos tienen acceso a abogados de inmigración gratuitos en instituciones públicas. En otros lugares, estos estudiantes enfrentan niveles muy distintos de acceso a la educación superior y protección. Algunas universidades, como la Universidad del Noreste de Illinois, ofrecen protecciones similares a las de California: La policía del campus no detiene ni arrestar a nadie basándose únicamente en su estatus migratorio, y no trabaja con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) salvo que la agencia emita una orden de arresto criminal y la universidad tenga información clara y fácilmente accesible sobre qué hacer si ICE ingresa al campus. Pero en Texas, por ejemplo, aunque las leyes estatales prohíben la aplicación de las leyes de inmigración en las escuelas primarias y secundarias, dicha protección no se extiende a las universidades.
Villanueva dijo que a algunos estudiantes indocumentados les preocupa la posibilidad de que oficiales de ICE puedan ir a los campus universitarios y arrestarlos, y se preguntan si las universidades podrán proteger la información que los estudiantes han proporcionado en diversas solicitudes de ayuda financiera.
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La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés), es una ley federal que le prohíbe a las universidades compartir información personal identificable de los expedientes estudiantiles sin el permiso por escrito del estudiante, según una guía emitida por la Alianza de Presidentes sobre Educación Superior e Inmigración, y la Asociación Estadounidense de Registradores Universitarios y Oficiales de Admisiones. Pero las universidades pueden verse obligadas a divulgar información sin permiso del estudiante si se presenta una orden de la corte o un citatorio, según lo establece la ley.
En California, las leyes estatales prohíben a los agentes de ICE ingresar a propiedad privada, a menos que cuenten con una orden judicial Si los funcionarios universitarios creen que alguien ha sido aprehendido por ICE, los administradores pueden comunicarse rápidamente con los contactos de emergencia de los afectados.
Muchas universidades públicas en California ofrecen a los estudiantes y sus familias inmediatas acceso a servicios legales de inmigración gratuitos mediante asociaciones con grupos locales de defensa de los derechos de los inmigrantes.
En la Universidad Estatal de California, Stanislaus, los estudiantes por lo general han podido conseguir una cita con un abogado en cuestión de días, dijo Guillermo Metelin Bock, quien coordina los servicios de apoyo para estudiantes indocumentados. Pero para mediados de noviembre, todas las plazas ya estaban reservadas hasta fin de año. Los estudiantes con estatus DACA se estaban apresurando para solicitar renovaciones antes de la toma de posesión de Trump, y aquellos que tienen green cards —o cuyos familiares las tienen— están solicitando la naturalización, dijo.
“Nuestros estudiantes vienen sintiendo ansiedad, incertidumbre y temor ahora que sabemos quién va a ser el próximo presidente”, dijo Metelin Bock.
Villanueva, de Immigrants Rising, dijo que las universidades pueden tomar algunas medidas para proteger a sus estudiantes.
En diciembre, el Fiscal General de California publicó “políticas modelo” u orientación para las universidades, escritas para limitar la cooperación local y estatal con esfuerzos federales por aplicar las leyes de inmigración. El documento resume leyes relevantes y provee orientación sobre cómo las universidades deben manejar la información personal de sus estudiantes, qué hacer si ICE solicita acceso a los expedientes de alumnos o quieren ingresar al campus o a los dormitorios, y qué hacer si ICE actúa en contra de estudiantes o sus familiares.
Por ejemplo, las políticas modelo sugieren darle a los estudiantes un aviso anual sobre lo que FERPA protege y el tipo de información que podría estar disponible a través del directorio de la escuela —y cómo optar por excluirse de él. La orientación aconseja limitar la recolección de información sobre el estatus migratorio o el origen nacional de un estudiante, salvo que sea necesario o requerido por la ley federal.
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El documento también recomienda que las universidades designen a un empleado como contacto para estudiantes, profesores o personal que puedan ser sujetos a una orden o investigación migratoria. Si un estudiante es detenido o deportado, la guía recomienda que las universidades hagan todo lo posible para ayudar al estudiante a mantener su elegibilidad para la ayuda financiera y conservar otros fondos para su educación, y ayudarlos a inscribirse de nuevo si pueden regresar al campus.
La orientación también aconseja a las universidades adoptar políticas sobre quién puede acceder a las instalaciones en el campus, como bibliotecas, edificios académicos y salones que son exclusivos para el personal o los estudiantes. Según las leyes federales, los oficiales de inmigración no necesitan una orden judicial para ingresar a un campus universitario, pero sí para entrar a las residencias estudiantiles de la universidad.
“El cambio es difícil en general, pero es particularmente difícil si tu sustento o tus beneficios o cualquier cosa de las que dependes pudieran estar en riesgo”, dijo Viridiana Diaz, vicepresidente de asuntos estudiantiles en la Universidad Estatal de California, San Marcos.
Díaz dijo que ella y otros funcionarios están intentando tranquilizar a los alumnos, asegurándoles que están a salvo en el campus y que los oficiales de ICE no tendrían “acceso a ninguno de nuestros estudiantes” sin una orden judicial.
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Alejandro Garcia Del Rio, un estudiante de último año de negocios y mercadotecnia en Cal State Stanislaus, dijo que recientemente asistió a una feria de empleo fuera del campus donde ICE estaba reclutando estudiantes para convertirse en futuros agentes.
“Obviamente, me sentí inseguro”, dijo Garcia Del Rio, quien es indocumentado. Trató de actuar con normalidad y se recordó a sí mismo que los agentes no estaban allí para arrestar a nadie.
Garcia Del Rio dijo que le preocupa qué forma podría tomar el plan de deportación de Trump, pero está tratando de impedir que el temor controle su vida o lo limite más de lo que su estatus migratorio ya lo hace.
Comunícate con Olivia Sanchez al 212-678-8402 o osanchez@hechingerreport.org.
Este artículo sobre el estatus migratorio de muchos estudiantes universitarios fue producido por The Hechinger Report, una organización de noticias independiente sin fines de lucro centrada en la desigualdad y la innovación en la educación. Suscríbete a nuestro boletín.
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